El modelo de reestructuración del sector portuario colombiano
Con la nueva política pública contenida en el CONPES 4118 de 2023, propone dejar de lado la expansión portuaria, por la modernización del modelo de negocio, mediante lineamientos de sostenibilidad y competitividad, en aras de poder insertarnos de manera eficiente a los mercados internacionales y a las grandes transiciones que están dando en el sector marítimo y portuario mundial.
Para tal efecto, el Ministerio de Transporte, en aras de implementar esta hoja de ruta, desarrolló un estudio crucial para el sector en el 2024 a cargo de Guzmán Escobar & Asociados – GE & A, en unión temporal con Steer, en el que se enfatizó que dicha modernización no sólo debería ir encaminada a un ascenso tecnológico y mayor eficiencia logística, sino también, en la necesidad de concientización y acción sobre temas sociales, la ampliación de la planificación de ésta, así como la sostenibilidad con el cuidado ambiental y descarbonización de los puertos.
Sin embargo, a mi juicio…
El tema no se queda limitado sólo en este análisis sectorial colombiano con ocasión a las 23 acciones que identifica el CONPES 4118 de 2024, en razón a que la dinámica mundial de los puertos juega un papel relevante en la eficiencia y confiabilidad de los flujos del comercio internacional. El tema va más allá de dicho contexto de política pública nacional, toda vez que es necesario visualizar el negocio portuario en Colombia bajo la necesidad de:
- La transformación digital (puerto s inteligentes)
- La implementación de las facilidades portuarias para el desarrollo e implementación del hidrógeno de bajas emisiones en Colombia (Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia)
- La declaración anticipada como mecanismo de facilitación de comercio exterior
- La Ventanilla Única Marítima en aras que todos los actores del sistema portuario se encuentren incluidos dentro de un mismo sistema de información
- Los riesgos climáticos y la necesidad de apropiación de buenas prácticas ambientales
- La economía azul implementada en los puertos (resiliencia climática y sostenibilidad marina), así como la posibilidad que Colombia se convierta en la sede alterna del:
- Nearshoring en América Latina, con el fin de motivar a diferentes regiones en los productos y sectores en los cuales puede atraer inversiones. Lo anterior, en línea con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París del 2025 (reducción de emisiones), así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (Energía Asequible y no Contaminante, Industria Innovación e Infraestructura, Cambio Climático y sus efectos, Vida Submarina).
En virtud de lo anterior:
Puede visualizarse que el sector marítimo y portuario se enfrenta a retos cada vez mayores, con la necesidad de que se invierta mucho más en la mejora de la eficiencia y la adaptación de los puertos y, bajo ese contexto, el sistema portuario colombiano no es ajeno a ello, en razón a que va a tener un rol clave en la región, particularmente por las ventajas de su ubicación geográfica. Para ello, el Gobierno Nacional debe generar incentivos y seguridad jurídica en nuestro ordenamiento jurídico con miras a viabilizar inversiones al interior de un proyecto portuario.
Al efecto, el régimen portuario colombiano contenido en la Ley 1ª de 1991, ha sido un referente en el sector infraestructura frente a los demás modos de transporte, en razón a que ha mantenido unas reglas claras, así como ha honrado sus compromisos contractuales con los concesionarios, lo cual ha permitido que, a lo largo de estas primeras generaciones portuarias, el inversionista privado vea al Estado como un socio atractivo para el desarrollo de sus proyectos.
Sin embargo, el cambio de las reglas de juego podría afectar la financiación de las obras que deberían implementarse por los concesionarios para llevar a niveles más competitivos a los distintos puertos. Por lo tanto, el reto del Gobierno Nacional, para acompasar el sector portuario con las realidades internacionales y las competencias sectoriales, es mantener la confianza del sector, demostrando voluntad política de dar continuidad a las 23 acciones que contempla el CONPES 4118 de 2023, las cuales ciertamente redundarán en beneficios económicos para el país.
